El Gobierno abre las puertas a la privatización de las autonómicas

El Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde a la privatización de televisiones públicas autonómicas con un Anteproyecto que pretende modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Informe de vicepresidencia y del ministro de Industria, a instancias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, que abrirá las puertas a la privatización de canales públicos de televisión autonómica.

Según el Gobierno, el objeto de la modificación que se aborda en este Anteproyecto es, por tanto, permitir que las Comunidades Autónomas puedan decidir el modo de gestión del espectro radioeléctrico que les haya sido reservado o adjudicado o que se les reserve o adjudique, y podrá, en consecuencia, decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas.

«La crisis económica y los necesarios recortes del gasto público exigen un esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, y nuevos instrumentos para lograrlo. Por esta razón, se aborda una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para dar a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia», aseguran desde el Ejecutivo.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que esta norma pretende ayudar a las Administraciones a elegir “los modos de gestión del servicio público que sean más eficaces y eficientes”, asegurando así la viabilidad de las televisiones autonómicas.

“El Estado no establece por ley ninguna obligación. No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus competencias para ver cómo gestionan el servicio público”, ha asegurado la vicepresidenta. En el informe de modificación de la Ley se explica que “la crisis económica y los necesarios recortes del gasto público exigen un esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, y nuevos instrumentos para lograrlo. Por esta razón, se aborda una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para dar a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia”.

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