Tanto UGT como CC.OO. han mostrado su oposición al proyecto por “poner en peligro la pervivencia de las radio y las televisiones autonómicas como empresas y el mantenimiento de los más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos que ahora mismo se generan”.

continuidadLas reacciones por parte de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., no se han hecho esperar tras la aprobación del proyecto de Ley Audiovisual por el Consejo de Ministros del pasado día 16. UGT ha mostrado su oposición al proyecto de ley audiovisual del Gobierno, porque considera que “pone en peligro la pervivencia de las radios y televisiones autonómicas como empresas públicas y el mantenimiento de los más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos que ahora mismo generan”. En un comunicado, el sindicato considera inaceptable que el proyecto “se limite a derogar las vigentes leyes del Tercer Canal y del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre otras normas, trasladando las competencias en materia audiovisual a las comunidades autónomas”.

UGT considera que es imprescindible que la futura ley garantice la permanencia de los servicios informativos y la programación y servicios contratados por los parlamentos territoriales dentro de la actividad ordinaria de los entes y corporaciones públicas, “sin posibilidad de cesión o subcontratación total o parcial a terceros, asegurando mecanismos de financiación suficientes para ejercer su deber constitucional de prestación de un servicio público de calidad, plural, veraz y democrático”. Desde UGT consideran que esta ley debiera ser un instrumento que facilitara que las comunidades autónomas que ahora mismo no tienen servicios públicos audiovisuales (Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra) desarrollen convenios de colaboración con RTVE que favorezcan la implantación de un mapa completo de prestación del servicio público audiovisual en el ámbito territorial.

Un proyecto ‘troceado’, según CC.OO.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. también ha manifiestado su preocupación por el proyecto de Ley Audiovisual, como viene haciendo desde el pasado mes de julio cuando conoció el anteproyecto, al considerar que el texto supone una desregulación del sector que no garantiza el empleo ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible. CC.OO. considera que el Ejecutivo ha “troceado” el proyecto, desvirtuando la propuesta inicial y dejándolo en un “proyecto de mínimos”, y que no ha contado con los agentes sociales. Asimismo afirman que el texto supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible. A juicio de este sindicato, el texto aprobado supone una desregulación y no una ordenación del sector. Para la FSC-CCOO, el proyecto no define el modelo de producción audiovisual en la España del siglo XXI, “es meramente una concesión para que los operadores fuertes hagan lo que quieran sin ningún control. Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan a pequeñas productoras. Una legislación de esta magnitud debería potenciar la producción propia interna, para evitar la precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales. La destrucción del sector supone la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva, que muchos trabajadores de los medios están padeciendo, por la falta de regulación y de control”.

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Par • 20 octobre 2009
• Section : Entreprise