Víctor Calvo-Sotelo: «existe el riesgo del cierre de otros ocho canales de televisión»

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, asegura que en breve se pondrá sobre la mesa del Consejo de Ministros un Real Decreto que regulará el dividendo digital y reordenará el espectro.

Las aguas de la TDT siguen revueltas, y al cierre de nueve canales de TDT antes del 6 de mayo, como cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, podrían sumarse nuevos cierres sin que aún haya una fecha concreta para la aprobación del nuevo Plan Técnico del Dividendo Digital.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha concedido una entrevista a El Economista en la que garantiza, que los operadores de móviles podrán hacer uso de sus frecuencias de 800 Mhz antes del 1 de enero de 2015, asegurando que en breve se pondrá sobre la mesa del Consejo de Ministros un Real Decreto que regulará el dividendo digital y reordenará el espectro. Esta reordenación pasaría por hacer un nuevo mapa de frecuencias de acuerdo con la sentencia del Supremo.

Sobre la posibilidad que la sentencia del Supremo cree las bases para el cierre de otro ochos canales, Calvo-Sotelo admite que «tanto el Gobierno como el sector sabe que existe esa nueva amenaza y lo tenemos en cuenta, pero, como dirían los americanos, ‘ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos a él’, y me temo que ese momento está a muchos meses vista. Cuando haya una nueva sentencia actuaremos en consecuencia, como hemos hecho hasta ahora. A día de hoy, lo que está encima de la mesa es la anulación de nueve canales».

Sobre las iniciativas que para paliar esta situación está presentado la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA), el secretario de Estado reconoce que «alguna de las propuestas que han hecho las televisiones, como la aprobación de una ley particular que básicamente vaciara de contenido la sentencia, no daban ninguna seguridad jurídica y, por tanto, iban en contra de la solución que queremos darle nosotros al problema. Hay que evitar el riesgo de que la medida aprobada pueda ser recurrida ante el Supremo, el Constitucional o la Comisión Europea».

En cuanto a las vías judiciales que las privadas podrían abrir, ha sido tajante al afirmar que «si se deciden a presentar una reclamación, serán los tribunales los que digan si es pertinente o no y, en su caso, cuál es la cantidad».

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