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Telecomunicaciones

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con amplio apoyo de los grupos parlamentarios, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

El texto, que será remitido al Senado para completar su tramitación, va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.

El proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que sin duda contribuirá a alcanzar el objetivo de garantizar conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.

Además, introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de co-inversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) -tan necesarias para el 5G-, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.

Por primera vez, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Además, el proyecto de ley establece, también por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Mejoras para los usuarios

Por otra parte, se refuerzan los derechos de los usuarios y se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización.

En el ámbito de la portabilidad, también se introducen nuevos derechos en beneficio de los usuarios, tales como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.

También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, ya que se introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos.

El servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros. Además, se refuerza la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee. La velocidad mínima de acceso a uma internet de banda ancha se fija en 10 Mbps y se prevé su incremento a 30 Mbps.

En lo que se refiere a las comunicaciones de emergencia, se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que realicen una llamada al 112. El proyecto de ley también incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso. Así, los operadores de telecomunicaciones deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

La Ley General de Telecomunicaciones es una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, forma parte del componente 15 Conectividad, 5G y Ciberseguridad, que prevé la inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. Se trata del quinto componente con mayor peso presupuestario del Plan.

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