El COIT destaca los avances de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, en la que ha participado activamente

La nueva Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, la norma sectorial de referencia para el conjunto del sector, ha contado con la participación activa del COIT junto con otros agentes del sector bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

En su tramitación se ha contado con un amplio consenso político para la aprobación de una norma que tiene por objetivo contribuir a la “creación de riqueza, empleo y vertebración territorial y social” y en la que la conectividad se configura como la pieza clave del desarrollo de nuestra sociedad digital y el usuario, tal y como señala el propio COIT.

Según señala el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el texto presenta un claro carácter continuista con respecto a la anterior Ley, lo cual refrenda “el impacto positivo de ésta sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado español de telecomunicaciones”. Aun así, el COIT subraya algunas de las principales mejoras de este nuevo texto: el impulso de los despliegues y las inversiones en redes ultrarrápidas, labora para la cual se establecerán mecanismos “más ágiles y mejor coordinados” entre las administraciones públicas; el avance en el despliegue y acceso a la red 5G de telefonía móvil, a la vez que se mejorará y aumentará aún más la red de fibra, especialmente en zonas rurales, o la apuesta por la conectividad del edificio y la conectividad del exterior como en el caso de las urbanizaciones, ampliando y desarrollando con mayor detalle el régimen sancionador para las ICT.

Otras mejoras es que en el proceso de urbanización se deberá incluir un proyecto específico de infraestructuras de telecomunicaciones para permitir la llegada de los operadores en igualdad de condiciones; nuevos derechos para los usuarios, como una mayor transparencia en los contratos de los operadores o la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a Internet y excluye las cabinas, y la posibilidad de crear una red de alertas nacionales en caso de catástrofe.

Medidas a corto plazo

El grueso de la ley entró en vigor el 30 de junio, si bien se han habilitado otros plazos para el desarrollo de algunos de sus preceptos más relevantes. Entre ellos, se encuentra el compromiso por parte del Gobierno de desarrollar medidas que, en el plazo de un año, permitan que los ciudadanos en su totalidad dispongan de una conexión mínima de 100 Mbps por segundo. Asimismo, el derecho de los ciudadanos a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial también entrará en vigor en el plazo de 12 meses.

En definitiva, el COIT considera que la nueva Ley General de Telecomunicaciones “se trata de un texto que recoge nuestros objetivos y que nos permite seguir trabajando para que el casi centenar de reglamentos y órdenes ministeriales que deberán desarrollarse tras esta ley vean la luz en el menor tiempo posible y refuercen el papel esencial de los Ingenieros de Telecomunicación en el conjunto del sector”.